Hoy en Juicio y Sanción a Fujimori

16 de Enero de 2008 | 6:59 pm

Jornada de contradicciones

El reciente lanzamiento del nuevo partido fujimorista y la candidatura presidencial de Keiko Fujimori sin duda estuvo planeado desde antes. Sin embargo, algo que aceleró el lanzamiento fue la evaluación de que Fujimori “va muerto” en el juicio. En la sesión del lunes, sus propios testigos se le voltearon y el acusado está comprobando que el tribunal es muy acucioso en determinar responsabilidades y advertir contradicciones. De allí que hayan decidido presionar a la justicia a través de una partidarización del caso. Incluso el inefable Kenyi proclamó a los cuatro vientos que la absolución de su padre estaba en manos del eventual respaldo político que pudiera tener la candidatura de Keiko en el 2011.

Aunque todos los testigos, citados por la defensa, negaron alguna cercanía a Vladimiro Montesinos y menos aún al grupo Colina, ninguno de ellos pudo ser preciso en señalar sus propias funciones dentro de las fuerzas armadas, así como el funcionamiento de las operaciones antisubversivas, además de negar conocer las violaciones a derechos humanos.

Basta oír al General José Delgado Bejarano decir que desconoce si el Jefe de las Fuerzas Armadas tiene la obligación de transmitir al presidente de la República la estrategia dentro de un conflicto armado interno, o responder que la “guerra de baja intensidad” se aplica en situaciones de movimientos insurgentes irregulares, pero en otros países; para luego afirmar que Sendero Luminoso fue precisamente un movimiento irregular, agregando que en este caso se siguieron las directivas. Su participación se cerró con una negación rotunda de haber realizado algún informe de inteligencia (que era parte de su labor) sobre los hechos de Cantuta y Barrios Altos.

El General Carlos Chamochumbi, a su turno, reconoció que el crimen de Barrios Altos pudo ser un hecho aislado el cual desconoció en su momento por encontrarse en Washington. Señaló  que jamás vio el manual de guerra antisubversiva elaborado en 1991. Luego dudó y en seguida afirmó que “escapa a su conocimiento” quién fue el autor de las acciones antisubversivas. Ello tras afirmar muy seguro, al inicio de su interrogatorio, que es el Presidente de la República el responsable de decidir quién conduce la guerra en una situación de levantamiento como la que ocurrió en los ochentas.

José Pastor Vives, quien fue Comandante de la 5ta. Región del Ejército en el año 91, se vio en aprietos cuando César San Martín fue incisivo en recordarle que, si inteligencia operativa era intercambiar información “¿Por qué había dicho que sabía que llevaban armas?”. Tras dar varias vueltas la respuesta de Pastor reflejaba ansiedad “me consta porque se sabe…”.
Las respuestas del General retirado Víctor Pizarro Castañeda giraron en torno a una misma comparsa, precisando por ejemplo, que se enteró del autogolpe porque lo hicieron venir de la región norte para que el General Hermoza Ríos le informara que “El Presidente iba a cerrar el Congreso” e inmediatamente regresarlo a su zona en un avión del ejército. Al final, el ex General Alfonso Robledo Del Águila, cerró su intervención reconociendo ante San Martín (previa aclaración sobre los términos “mando” y “comando”) que Fujimori, como Presidente comandaba, es decir, que podía impartir órdenes.

Cano: Fujimori sí dio órdenes.

A decir de la doctora Gloria Cano, abogada de APRODEH, todo esto deja entrever que los testigos vinieron preparados con una línea de respuestas. Sin embargo, en el interrogatorio a cargo de la parte civil, quedó en evidencia su ineficiencia durante el ejercicio de sus funciones pues los oficiales afirmaron desconocer lo que casi todo el país conocía.

Para la letrada, lo más importante es que se ha probado que el memorándum de felicitación al grupo Colina se hizo en dos oportunidades y con el propósito de que se les ascendiera, pero que además fue una orden de Fujimori bajo la modalidad de un documento interno que facilitara su ascenso aún cuando dicho proceso estuviera cerrado. Dicha felicitación, además, era por la elaboración de un manual de política antisubversiva que ningún testigo afirmó conocer.

Y por supuesto, quedó más que probado que Fujimori sí tenía el comando, y que los mandos militares involucrados podían recibir órdenes del mismo, tal como en el caso del ascenso de los miembros del grupo Colina.

Cinco generales en retiro son citados en juicio de Fujimori

16 de Enero de 2008 | 12:05 pm
miércoles, 16 de enero , 2008 - 10:19:00

 (RPP) Cinco generales en situación en retiro fueron citados para rendir su testimonial en el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori.

Los altos mandos militares llegaron a la audiencia de la Sala Especial de la Corte Suprema, para rendir su testimonial con el fin de dar su versión sobre las denuncias de ONGs de derechos humanos acerca de una supuesta participación en una llamada “mesa redonda”.

Según refieren las ONGs durante el año 91 y 92, los militares implicados habían estados involucrados en el inicio de una “guerra sucia” aplicada con la autorización del ex presidente Alberto Fujimori.

El primero en rendir su testimonial fue el general en retiro (EP) José Delgado Bejarano, quien dijo que en su caso se trataría de un error, por haber estado estado en esa época como agregado militar en Brasil.

Los otros generales comprendidos como testigos son, Carlos Chamochumbi Mendoza, Alfonso Del Aguila, José Pastor Vives, Víctor Pizarro Castañeda.

Para la próxima sesión del día viernes, ha sido citado en calidad de testigo el presidente del Consejo de Ministros Jorge Del Castillo.

Hoy en Juicio y Sanción a Fujimori - 14 de Enero

14 de Enero de 2008 | 7:01 pm

Son exactamente las 7 y 50 de la noche. Acaba de concluir la audiencia de hoy lunes 14 de enero del juicio a Fujimori, jornada de la que podríamos decir que ganamos por goleada. Basta ver al abogado Nakasaki, quien casi siempre tiene una percepción positiva de todas las audiencias, huir de la prensa, para darnos cuenta que hoy no le fue nada bien.

JOHN CARO: me obligaron a defender los derechos humanos

Vimos a un John Caro, ex director de la DIRCOTE, diciendo que “aunque no le gustaba, tenía que respetar los derechos humanos porque así se lo imponían; o recordando que Martin Rivas fue quien lo buscó para que le transfieran unos detenidos, despertando la suspicacia de que lo hacía por encargo de Montesinos; o a un general Marco Miyashiro diciendo que en el Perú, la envidia hizo que lo acusaran de “vendido” por proveer un material sobre la captura de Abimael Guzmán a Cecilia Valenzuela.

CUBAS Y ESCOBEDO: me enteré del autogolpe por la tele

Y si de muy poco le sirvieron a la defensa los testimonios para pretender limpiar a Fujimori, el broche de oro de la jornada lo puso el director de la Policía Nacional, general Adolfo Cuba y Escobedo, cuando afirmó que él también se enteró del autogolpe de Fujimori el 5 de abril de 1992, por la televisión.

NAKASAKI: no quiso declarar

Si bien para la prensa la jornada fue casi de rutina, apenas matizada por los fujimoristas sonriéndole al ecran cada que salía su líder o cayendo en un profundo sueño colectivo, hay que remarcar la actitud del abogado de Fujimori, quien quizás por primera vez en lo que va del juicio optó por huir de la prensa, cabizbajo y silente. Esa imagen tal vez refleje lo que ocurrió en esta nueva jornada del megajuicio a Fujimori.

Razones le sobran para tal preocupación, pues los testimonios de los jefes policiales en muy poco le servirán para defender al ex dictador. Afirmaciones en el sentido que la Policía Nacional tuvo una estrategia para enfrentar el terrorismo, diferenciada de la que impuso el Servicio de Inteligencia Nacional, echan por tierra aquello de que Fujimori y Montesinos salvaron al país del terrorismo.

Más información: www.juicioysancionafujimori.org
 

Se suspende juicio contra Alberto Fujimori hasta el viernes 11 de enero

7 de Enero de 2008 | 9:55 am
lunes, 7 de enero , 2008 - 09:39:18

EFE(RPP) Se suspendió la diligencia judicial en el marco del proceso que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori. Según informó el ex mandatario, su abogado César Nakasaki, tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica local.

The trial of Alberto Fujimori by Jo-Marie Burt

4 de Enero de 2008 | 4:38 pm

The trial of Alberto Fujimori  started on December 10, 2007, which was also the 59th anniversary of the signing of the United Nations Universal Declaration of Human Rights.  Whether he was aware of this irony or not (and he presumably wasn’t; human rights law is not exactly his forte), Fujimori stands accused of precisely the sorts of crimes that the magna carta of human rights protection was meant to prevent: ordering abductions and extra-judicial killings and abuse of authority during his rule from 1990 to 2000.

The “mega-trial,” as Peruvians call of it, of their former president is currently limited to charges for which Fujimori was extradited to Peru from Chile in September. These include human rights violations in three cases: the Barrios Altos massacre of 1991, in which 15 people were killed; the disappearance and later killing of nine students and a professor from the Cantuta University in 1992; and the kidnapping of journalist Gustavo Gorriti and businessman Samuel Dyer in the aftermath of the April 5, 1992, coup d’état in which Fujimori closed Congress, suspended the Constitution, and took control over the judiciary with the backing of the armed forces.

Fujimori is also charged, in other legal proceedings, with corruption and abuse of authority in four cases, including phone tapping of the opposition; bribing members of Congress; embezzlement of state funds for illegal purposes; and the transfer of $15 million in public funds to Vladimiro Montesinos, de facto head of the National Intelligence Service (SIN).

The first trial is centered on the three human rights cases. In the cases of Barrios Altos and Cantuta, the killings were allegedly carried out by the Colina Group, a clandestine unit that operated out of the Army Intelligence Service (SIE) and whose purpose was to eliminate suspected guerrilla sympathizers. There is evidence that Fujimori knew of the Colina Group, including statements by the group’s members, and did nothing to stop them, nor did he take steps to punish the crimes after they occurred.

  The trial Day One

A special courtroom was created near the complex where Fujimori was being held at the Special Forces base of the National Police, located on the eastern periphery of Lima, in the dusty, working-class district of Ate Vitarte, an hour’s drive east of downtown Lima.

I rode to the base Monday morning on a bus with human rights lawyers, family members of victims, activists, and another international observer. As the bus wound its way to the front gate of the base, we were stopped by a small but noisy group of Fujimori supporters. “Close your window!” someone urged me, later explaining that Fujimori’s supporters had thrown eggs and orange paint (the color Fujimori’s used in his first presidential campaign) at them on previous occasions.

Eventually police escorted us through. We exchanged our identity documents for credentials that would allow us into the observer’s gallery, a small room partitioned from the courtroom by a glass wall. Once inside the gallery we took our seats. Family members of victims and human rights activists sat on the left side of the room, while three of Fujimori’s four children and his supporters, including several congressional leaders, sat on the right.

It was a tense scene from the start. Thanks to the glass wall, we could not always hear the proceedings (the audio system consisted of a small speaker near the ceiling with a microphone to amplify the sound). Other times the sound frequently went out all together.

The first day of the trial was largely formal, with the judge establishing the ground rules of the process, and the defense and prosecuting attorneys presenting evidence and a list of witnesses they would call during the course of the trial. After the lunch break, the chief public prosecutor, José Peláez Bardales, read a summary of the charges against Fujimori.

“Fujimori formed the Colina Group. He approved and ordered executions in the context of a dirty war that sowed pain and spilled the blood of innocents,” said the prosecutor. He noted that Fujimori did not participate directly in the crimes, but that, as head of state, he bore responsibility for the acts and for failing to duly investigate and punish the crimes when he learned of them.  “Fujimori operated in a structure of authority in which he gave the orders knowing that they would be carried out,” said Peláez.

The most dramatic moment of the day came when the judge asked Fujimori if he accepted or rejected the accusations against him. Fujimori launched into a lengthy speech about the disastrous state of affairs in Peru when he assumed the presidency and highlighted, with visible emotion, his government’s success in controlling hyperinflation and stopping terrorism. “In 1990 I received the country on the verge of collapse, overwhelmed by hyperinflation and terrorism … Thanks to my government, the human rights of 25 million Peruvians without exception were rescued.”

After allowing him to go on for several minutes, Judge César San Martín timorously interrupted Fujimori, directing him to respond yes or no. Fujimori continued to speak, leading San Martín to more confidently assert, “In this room I am in charge.  You must respect this tribunal.” He then exhorted Fujimori to accept or reject the charges. Almost euphoric, as if he could determine the trial’s outcome by the sheer force of his will, Fujimori declared, “I reject the accusations [against me]. I am innocent!” Fujimori’s followers, including several members of Congress, then stood and applauded jubilantly. The judge reproached the observers, noting that they were to remain quiet or risk being ejected from the gallery.

The session broke for lunch and resumed at 3 p.m. but the judge abruptly adjourned the hearing. Fujimori’s blood pressure had risen to dangerous levels, his physician reported. The former president required rest.

 Day Two

The trial is scheduled to take place every other day — on Mondays, Wednesdays, and Fridays. So the trial resumed two days later, on Wednesday, December 12.

The day before, Fujimori had been convicted and sentenced by a different judge, in a different trial, to six years for abuse of power in a case involving a raid on the home of Montesinos’s wife ordered by Fujimori in 2000, presumably to secure and remove compromising evidence against the president. (Fujimori ordered a military officer to impersonate a judge in order to carry out the raid. The content and whereabouts of the documents he extracted from this raid remain unknown.) Although Fujimori admitted his guilt in this case, his bid for a lower sentence was denied by the judge, who argued that his confession was, essentially, too little, too late.

The timing of this ruling was coincidental and, for Fujimori, surely a bad precedent for the main trial. This realization seemed to be reflected in his demeanor.  In contrast to the spirited defense of his legacy on Monday, Fujimori seemed somber as he sat with his supporters behind the glass partition. Later in the hearing he seemed to regain his spirits a bit.

The hearing started promptly at 9:30 a.m. Judge César San Martín started the morning with clear instructions to the accused: answers must be clear and concise, the accused must respond to the person interrogating him, and that yelling is not permitted. “We must avoid any declaration outside the framework of this trial … We are going to be firm about this,” said San Martín. There was no doubt in anyone’s mind that the judge was referring to Fujimori’s outburst on the trial’s opening day, when Fujimori took advantage of the opportunity to accept or reject the charges brought against him to defend his government.

The judge proceeded to ask Fujimori some basic questions, including his real name, his domicile, and his civil status. When Judge San Martín asked if he had ever been tried or prosecuted for a crime, the room was still. Fujimori responded in a near-whisper, “We had this process yesterday,” referring to his conviction on Tuesday. The judge then directed the public prosecutor to begin his interrogation of Fujimori.

That exchange set the tone for the hearing. Fujimori was impassive, as were his supporters in the viewing room. This was a sharp contrast with the previous session on Monday, when they seemed confident and upbeat, especially after Fujimori’s vigorous rejection of the charges against him, which they applauded and cheered. This would change in the course of the morning’s interrogation, however, as chief prosecutor Peláez seemed to lose his way in the process of interrogating Fujimori. Peláez seemed distracted, failing to follow up key questions, and allowing Fujimori to talk at length about the successes of his government in combating terrorism. When pressed on his relationship to Montesinos and the counterinsurgency war, Fujimori’s fall-back line was that he only issued “directives” and did not control or directly order military operations. “I had the authority but did not give the orders,” he repeatedly asserted.  In Spanish, this phrase rhymes —“Tuve el mando pero no el comando”— and, repeated over and over by Fujimori, it started to sound like the O.J. Simpson defense mantra, “If the glove doesn’t fit you cannot convict.”

By mid-morning, Fujimori, looking more relaxed, responded to questions almost glibly, convinced, it seems, that things were going his way. When Peláez requested a second recess at around noontime, the judge suspended the morning session—an hour and a half early. Fujimori’s supporters in the gallery were elated, remarking as they left the viewing room, “The prosecutor was left without any more questions.” The session resumed at 3:00 p.m., but was suspended just forty minutes later when Peláez requested a leave due to the death of his father-in-law.

Human rights lawyers defending the family members expressed irritation with what seemed like Peláez’s lack of preparation and his failure to follow up on several key issues during the course of the interrogation. While they acknowledged that his seeming lack of preparation could have been the result of emotional stress, they wondered why he did not request a leave earlier in the day, or turn over the questioning to the assistant prosecutor.

“The interrogation was weak and disjointed,” said Ronald Gamarra, former prosecutor and one of the lawyers for the family members. “It seemed more like a conversation between the accused and the prosecutor.”

Some family members, noting Peláez’s family links to the ruling APRA party, wondered if perhaps he was being pressured to going soft on Fujimori. (A conviction based on giving orders to Colina Group death squad would establish a problematic precedent for current president Alan García, whose first government failed to stop the operations of a death squad, the Comando Rodrigo Franco, that allegedly operated out of the Ministry of the Interior.) In any event, the pro-Fujimori press reflected the jubilation of the Fujimori camp that day: “Fujimori won the second round,” screamed the headlines of La Razón, a daily firmly aligned with the former president and now defendant Alberto Fujimori.

 Day Three

Friday’s session saw a dramatic turn-around. With Peláez on personal leave, the assistant prosecutor, Avelino Guillén, was in charge of the interrogation of Fujimori.  Guillén engaged in a sustained and dogged interpolation. He sometimes noted dryly that Fujimori was contradicting himself, or that his answer was incongruent with his position as head of state. At one point, he remarked that Fujimori’s amnesia was selective, suggesting that he was intentionally evading answering questions that might compromise him. Fujimori was now visibly uncomfortable and much less jubilant than earlier in the week. He attempted a number of times to throw the prosecutor off track with glib remarks, corrections, or ironic statements, but Guillén ignored them and continued his vigorous line of questioning.

The dramatic shift in the tone of the trial become even more evident in the afternoon session, when Guillén focused his questions specifically on the first human rights case, the Barrios Altos massacre, in which fifteen people including an 8-year-old boy were gunned down execution-style at a barbeque on November 3, 1991. The Colina Group, a death squad that operated out of the Army Intelligence Service (SIE), is believed to be responsible for the massacre. (A separate trial is currently underway in which 53 members of the Colina Group, as well as Fujimori’s intelligence adviser, Vladimiro Montesinos, and the former head of the armed forces, General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, are being tried for the massacre. Montesinos and Hermoza Ríos are both currently in prison, having been convicted in other cases.)  Fujimori answered many of the prosecutor’s questions with evasive responses and often claimed not to remember key aspects. He did, however, acknowledge that Montesinos prepared the speech he delivered on the night of the so-called self-coup of April 5, 1992, when Fujimori dissolved Congress and the judiciary in the face of a surge in violence by Shining Path guerrillas, at the state intelligence agency’s headquarters.  He had no response when asked why he kept Montesinos in a position of power after learning of his alleged ties with drug trafficking, except to say that Montesinos’ experience was an advantage for his government, and that anti-guerrilla pacification was such an important objective as to necessitate overlooking such faults.  He claimed to have had no knowledge that Montesinos was consolidating control over the armed forces by promoting his classmates from the military academy, or of his meetings with top generals, business leaders, and media moguls, many of whom are now in prison for corruption.

After asking Fujimori several questions about the events surrounding the Barrios Altos massacre, Guillén proceeded to ask Fujimori if he knew any of the victims of the massacre prior to their death. Fujimori answered that he did not. The prosecutor then said that just to be sure, he would read aloud the name of each victim, so Fujimori could note whether he knew the victim or not. He named the first victim and his age when killed. “Do you remember him?” “No, I did not know him.” The prosecutor continued with the name of the next victim. Clearly hoping to stop the prosecutor from reading the full list of names, Fujimori responded, “No, I did not know him. I did not know any of them.”

Guillén continued to read aloud the remaining names of the victims, to Fujimori’s visible irritation, to which he replied each time, “I did not know him (or her).” The last name was read, “Javier Manuel Ríos, eight years old, killed with five bullets to the head. Do you remember him?” “No I did not know him,” Fujimori replied impassively. The prosecutor repeated the boy’s name to dramatic effect. He then pressed Fujimori, “You, who made visits all over Peru, did you visit the family members of the victims of Barrios Altos?” Fujimori said he had not, though he later said the military had provided some unnamed benefits to the five survivors of the Barrios Altos massacre (a claim human rights lawyers have challenged). In an attempt to recover from this devastating presentation by the prosecutor, Fujimori said, “I was so busy pacifying the country, and I was not wrong.” The prosecutor, perhaps calculating that this was a good moment at which to end the day, requested an adjournment, which the judge granted. It was the first time in the course of the first week of the trial that the victims were at center stage. It was a dramatic way to end the first week of one of the most important trials in Peru’s history.

  Days Four & Five  

This vigorous line of questioning by the prosecution continued into the trial’s second week, starting on Monday December 17, in which Guillén interrogated Fujimori further on the Barrios Altos and Cantuta massacres. Fujimori admitted in this session that in 1993 he learned about the Colina Group from Montesinos, which seemed to be a contradiction of earlier statements that he did not know anything about it.

The prosecution finished its interrogation of Fujimori on Wednesday, December 19, with chief prosecutor Peláez back from his leave and focusing his questions on the kidnapping cases of Gustavo Gorriti and Samuel Dyer. Peláez said that Fujimori’s strategy — to claim he was unaware of the Colina Group, a unit comprised of army officers — was incongruent with other statements the accused had made that showed his authority over and awareness of the actions of the armed forces in the context of the counterinsurgency war against Shining Path.

Human rights lawyers representing survivors of the Colina Group and family members of the victims will now have an opportunity to question Fujimori. This will be followed by the intervention of Fujimori’s defense lawyer, César Nakazaki, and the interrogation of numerous witnesses called by the prosecution and the defense. Human rights lawyers think the trial may go on until April 2008.

Fujimori’s supporters have tried from the beginning to de-legitimize the trial and minimize the importance of the charges against Fujimori. After Friday’s session, Fujimori’s supporters charged that Guillén was at the service of the “caviar left” (a Peruvian term that might be roughly translated as limousine liberals) and repeated their charges that the trial amounted to legal persecution. Keiko Fujimori, the former president’s daughter and now a congresswoman, said, “They will not silence my father, Alberto Fujimori, nor make him submit to the insolent and aggressive policies of the caviar [left], expressed through the assistant supreme public prosecutor, Avelino Guillén.”[1] Fujimori supporters have staged demonstrations outside the police compound where the trial is being held. Fujimori supporters continue to harass the family members and the human rights lawyers, accusing them of being terrorists and stooges of Shining Path.

 Justice and Accountability

Regardless of the outcome, the mere fact that Peru is trying Fujimori is historic. Never before has a civilian former president been called to account for human rights abuses in Peru. The trial helps establish that all citizens, whatever public office they once held, are held to the same standards of justice and accountability. This will go a long way to helping consolidate the rule of law in Peru. This is especially important given the way the judiciary was politicized during the Fujimori regime.

It also establishes an important precedent that goes well beyond Peru. This trial has global implications. Leaders who believe themselves to be all-powerful and violate human rights can and will be called to account for their crimes.  They will find themselves, like Fujimori, sitting glumly behind a glass wall in a courtroom as they contemplate the prospect of jail for the rest of their lives. Dictators everywhere, take note.

____________

*Jo-Marie Burt teaches politics at George Mason University in Virginia and is author of Silencing Civil Society: Political Violence and the Authoritarian State in Peru (Palgrave Macmillan 2007). She was a consultant to the Peruvian Truth and Reconciliation Commission in 2002-3 and a Fulbright scholar and visiting professor at the Catholic University of Peru in 2006.  She observed the first week of the Fujimori trial in Lima as an observer for WOLA.


[1]From La Razón, available at: <http://www.24horaslibre.com/politica/1197904143.php>. 

Amnistía Internacional advierte que juicio a Fujimori peligra por amenazas a Gloria Cano

4 de Enero de 2008 | 2:45 pm

Pedido 

| CPN RADIO 04 ene| La amenaza de muerte contra la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, podría poner en peligro el juicio oral al ex presidente, Alberto Fujimori.

Lo advirtió Giulia Tamayo, observadora de Amnistía Internacional en el juicio al ex jefe de Estado, al precisar que la amenaza de muerte fue por medio de una llamada telefónica el 18 de diciembre de 2007.

“Reclamamos a las autoridades peruanas que investiguen las amenazas de manera urgente y establezcan una plan de protección efectiva para todos los abogados involucrados en el proceso”, anotó.

Aclaran encuentro Fujimori – Gorriti en conferencia de prensa en 1992

4 de Enero de 2008 | 2:32 pm
viernes, 4 de enero , 2008 - 02:11:54

Fujimori conocía a Gorriti (Andina)   

(RPP) El ex presidente Alberto Fujimori reconoció que vio al periodista Gorriti en una conferencia de prensa ofrecida a los medios de comunicación extranjeros días después de que este fuera liberado, tras pasar varias horas de secuestro en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

“En el momento en que yo estuve ahí e hice la pregunta, para el ingeniero Fujimori no era ningún problema en concederme la palabra. Él tenía todo el poder del Estado concentrado en su mano”, dijo Gorriti.

Como se recuerda, el periodista fue detenido el 6 de abril del año 1992, un día después del autogolpe. Días después se realizó una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Gorriti asistió, pidió la palabra y Fujimori Fujimori le concedió la pregunta.

Fujimori Fujimori afirmó que no tenía conocimiento de la infiltración de su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en los casos Villacoca o Cayara, que denunció el periodista Gustavo Gorriti durante su declaración de hoy.

Afirmó también que es la primera vez que oye hablar sobre un intento golpista del año 1989, presuntamente organizado por Montesinos Torres. 

El juicio a Fujimori es un ejemplo para el mundo, según ex asesor de la ONU

4 de Enero de 2008 | 2:28 pm

12:43 | Juan Francisco Méndez dijo que por lo que ha visto hasta ahora se está haciendo un juicio ‘con apego a las normas del debido proceso y de un juicio justo’

(DPA).- El juicio contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos, cargo que lo expone a 30 años de cárcel, es un ejemplo para el mundo, sostuvo hoy el ex asesor de la ONU en casos de genocidos, Juan Francisco Méndez.

El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, dijo en Lima que el juicio a Fujimori “es muy importante y es visto con mucho interés en el exterior”.

Méndez, quien como observador internacional asiste al proceso contra Fujimori, señaló a los periodistas que cubren el juicio que Perú “es de los primeros países que cumple con la obligación de procesar, nada menos que a un ex jefe de Estado, de acusaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”.

“Esto es algo que la comunidad internacional aspira a que se haga cada vez que sea necesario, aunque no siempre es posible hacerlo”, comentó Méndez, quien asistió a la décima audiencia del proceso, iniciado el 10 de diciembre pasado.

El jurista explicó que en otros casos similares que involucran a ex gobernantes se han presentado “obstáculos, a veces políticos de todo tipo son muy graves, pero que el Perú sea uno de los primeros países en hacerlo es realmente un ejemplo para el mundo”.

Respecto al proceso, Méndez dijo que “por lo que he visto hasta ahora se está haciendo (el juicio) con apego a las normas del debido proceso y de un juicio justo”. “Obviamente esta es una caracterización muy preliminar porque hasta que termine el juicio uno no puede saber el grado de apego a esas normas”, anotó tras felicitar al Poder Judicial peruano.

El observador extranjero dijo que otros de sus colegas del Centro Internacional por la Justicia Transicional vendrán en febrero próximo para asistir a las audiencias y que también han sido invitados juristas internacionales con ese mismo propósito. “Consideramos que la importancia del caso lo amerita y aspiramos hacer un informe para demostrar al mundo la importancia de llevar a juicio este tipo de procesos y si se dio todas las garantías del proceso” a Fujimori.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) informó que se espera la presencia de organizaciones de Europa y América, así como de deudos de las víctimas de la violencia de Argentina, Colombia, Chile y Guatemala, entre otros países.

Hoy se reanuda juicio contra ex presidente Alberto Fujimori

4 de Enero de 2008 | 9:06 am
viernes, 4 de enero , 2008 - 08:55:24

  Alberto Fujimori (Andina) 

(RPP) Hoy se reanuda el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990 – 2000) por los casos contra los Derechos Humanos en la sede judicial instaurada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes), en donde el ex mandatario se encuentra recluido.

El juicio está a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín.

Este tribunal juzga a Fujimori Fujimori por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron un total de 25 personas, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

La verdad se abre paso

1 de Enero de 2008 | 4:12 pm

Acorralado por los hechos, Fujimori comienza a delatarse solito
 
 
 
Acusado Alberto Fujimori durante audiencia 
 
 

Vacíos, inconsistencias, contradicciones. Y miedo, miedo a que se conozca toda la verdad de los crímenes que ordenó ejecutar, es lo que ha revelado, a su pesar, Alberto Fujimori en las primeras audiencias del histórico juicio por los casos de Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del SIE que se realiza, desde el 10 de diciembre, en la Diroes. Un miedo a ser condenado a 30 años de cárcel –como pide la Fiscalía– y que, aunque a veces no se note, él mismo se ha encargado de descubrir apelando a actitudes destempladas, como en el primer día del proceso, o callando, callando cuando le es difícil mentir, para no delatarse.

Un análisis de sus contradicciones y de los inverosímiles argumentos que ha usado en esta primera parte del proceso ayudará a dejar muy en claro sus mentiras.

A. En la audiencia del miércoles 12, Fujimori dijo que Montesinos era un funcionario más, que la relación con él era de “tipo jerárquico” y que “tenía por función solo la labor de Inteligencia”.
Sin embargo, en las audiencias siguientes admitió:
-Que por el consejo de Montesinos nombró a los generales Jorge Torres Aciego y Alfonso Alvarado Fournier ministros de Defensa y del Interior, respectivamente.
-Que por su consejo nombró comandante general del Ejército a Nicolás Hermoza y jefe del SIN a Julio Salazar Monroe.
-Que Montesinos el preparó el discurso del 5 de abril de 1992.
-Que participaba en las reuniones del Consejo de Defensa Nacional.
-Que era su principal fuente de información y que se reunía con él más que con el propio jefe del SIN.

  
 
El proceso contra Fujimori se inició el 10 de diciembre pasado  
  

B. Negó que él, como presidente de la República, diera órdenes a los militares y sostuvo que solo impartía “directivas”.
Sin embargo, en la misma audiencia, reconoció que él mismo había ordenado a los militares –específicamente al general Ramal Pezantes– que ingresara a las universidades para expulsar a los senderistas.

C. Aseguró, en varias oportunidades, que solo conocía a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y que no tenía relación con oficiales de menor jerarquía.
Sin embargo, luego reconoció que se reunía directamente con los subjefes de Inteligencia en Palacio de Gobierno para recibir información sobre la lucha contra el terrorismo.

D. Fujimori afirmó que se enteró de la matanza de Barrios Altos por la radio y de la desaparición de estudiantes de La Cantuta cuaando aparecieron los cadáveres, es decir, más de un año después.
Sin embargo, antes de ello había señalado que el SIN le entregaba a primera hora de la mañana, todos los días, reportes de todo lo que había sucedido en el país.

OTRAS INCONSISTENCIAS
A lo largo de las cuatro primeras audiencias, el ex dictador no supo explicar por qué mantuvo a su lado a Montesinos –que era, según él, “un funcionario más”– pese a las persistentes denuncias periodísticas sobre sus vínculos con el narcotráfico o su pasado como vendedor de secretos militares al Ecuador.

No pudo explicar por qué, siendo un simple asesor, creía ciegamente en sus palabras, sobre todo cuando, supuestamente, le preguntó en torno a las denuncias de la prensa y del general Rodolfo Robles sobre un comando de aniquilamiento y Montesinos le dijo que todo era mentira. Tampoco supo justificar cómo fue que, si no estuvo de acuerdo con que el general Hermoza sacara los tanques el día del autogolpe, no lo relevó sino que lo mantuvo en su cargo y le dio mayores responsabilidades. Sus argumentos resultaron endebles, flojos, inverosímiles. Todo esto gracias –hay que decirlo– al eficaz interrogatorio que efectuó el fiscal adjunto Avelino Guillén, el mismo que contrastó con la inconsistencia que exhibió, en las primeras dos audiencias, el fiscal supremo José Antonio Peláez.

Para Gloria Cano, abogada de los deudos de Barrios Altos y de La Cantuta, hasta el momento ha quedado demostrado que, cuando es exigido, Alberto Fujimori carece de argumentos y respuestas claras sobre su participación en los crímenes y en la política de guerra de baja intensidad que aprobó y autorizó, desde su gobierno, y que ahora niega conocer. Ante esta falta de argumentos, cae en contradicciones y, cuando ve que hablar lo puede perjudicar más, decide callar. Pero esta estrategia, como se verá más adelante, no le servirá para siempre.
 
Los testigos de Aprodeh
 
Las siguientes son las personalidades internacionales a las que Aprodeh ha presentado como testigos, ante la Sala Penal Especial, para que acrediten por qué Alberto Fujimori debe ser considerado autor mediato de los crímenes de lesa humanidad por los que se le está juzgando.
 
 
   Coronel (r) José Luis García. Militar argentino, miembro del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA). Ha sido perito en varios juicios contra ex dictadores y violadores de derechos humanos, incluyendo a las juntas militares de Argentina. García explicará a la Sala los principios y la forma en que se lleva a cabo la guerra de baja intensidad.
 
   
   Federico Andreu-Guzmán. Jurista colombiano con amplia experiencia en misiones de derechos humanos, en Ruanda (1996-1997) y en Haití (1994). Actualmente es director general adjunto de la Comisión Internacional de Juristas. Ha trabajado para las Naciones Unidas, la OEA y diversos organismos internacionales de derechos humanos. Andreu-Guzmán expondrá ante los jueces cómo se establecieron en otros países los aparatos organizados de poder, cómo se imparten las órdenes y se establece la cadena de mando.
 
   
   Kate Doyle, especialista del Archivo de Seguridad Nacional, de Washington, quien ha dirigido proyectos de documentación de archivos secretos en México y Guatemala. Doyle explicará cómo fueron obtenidos los documentos desclasificados que su institución publicó el 10 de diciembre, quiénes fueron sus autores y cuál es su importancia para descubrir la verdad sobre estos crímenes.
 
     
   José Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia de España. Martín señalará a los miembros de la Sala cuál es la experiencia internacional con respecto a los estándares de prueba en crímenes de Estado, diferentes a los de cualquier otro tipo de crimen.

Entrevistas

Alirio Uribe, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
“Hay un gran acervo probatorio”

 
-¿Cuál es la importancia del proceso a Fujimori en el contexto mundial?
-Es muy importante que el Perú le dé a América Latina el ejemplo de que su poder judicial tiene la capacidad y la independencia de llevar adelante un juicio contra un ex gobernante acusado de crímenes de lesa humanidad. El Estado tiene el deber de investigar y sancionar a los responsables, y de hacerlo a través de tribunales nacionales. El derecho internacional –como las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos– puede servir como un dinamizador de la justicia nacional.

-¿Cuál es el propósito de su presencia como observador?
-Nosotros, como Federación Internacional de Derechos Humanos, nos hemos hecho presentes para tener información de primera mano sobre el juicio, la que se va a plasmar en algunos informes y en notas que se traducirán al inglés, al francés, al árabe y a otros idiomas, que serán distribuidas en más de cien países.

-Transcurridas las primeras audiencias, ¿cuál es su opinión sobre el proceso?
-Ha tenido un desarrollo adecuado y rápido. Es muy difícil vaticinar qué va a pasar. Lo que creo es que hay un gran acervo probatorio con testigos expertos, técnicos, con muchísimos oficiales y militares que seguramente tienen muchísima información de lo que ha pasado en el Perú. Ojalá que le den la oportunidad de conocerlo al país. Y ojalá que el juicio facilite el escalarecimiento de muchos otros casos, de muchas otras víctimas, que quieren saber dónde están sus desaparecidos, que quieren saber la verdad de lo que pasó.

-¿Qué opina de la actitud destemplada que adoptó Fuijimori en la primera audiencia?
-Está descompuesto. Alguien como él, con el poder que tuvo, que fue reelegido, nunca se imaginó sentado en un estrado judicial, respondiendo por cargos tan graves, que le pueden acarrear muchos años en prisión. Su actitud es el reflejo de esa soberbia que tienen aquellos ejerciendo el poder han hecho y deshecho y que, de un momento a otro, se ven en el banquillo de los acusados.

-¿Qué desafíos plantea este proceso?
-Son varios. Uno, que tanto el Gobierno como la sociedad permitan que el Poder Judicial actúe de manera independiente. Dos, que el juicio no se vaya a prolongar demasiado, porque se corre el riesgo de que haya un gran desgaste y de que se pierda la concentración de las pruebas. Tres, que no se vaya a permitir que –como el proceso está mediatizado– se vuelva un acto político, donde se pretenda justificar los crímenes ante la audiencia y revictimizar a las víctimas. Todos estos son desafíos. La posibilidad de que la jurisprudencia internacional que se ha construido, en lo referido a crímenes cometidos por aparatos organizados de poder, se pueda aplicar a plenitud en este caso. Será interesante escuchar a los testigos expertos y mirar la información que hay en los archivos de inteligencia desclasificados en los Estados Unidos. Pero el desafío más importante es que la sociedad peruana se posiciones ética y políticamente en contra de que se vuelvan a cometer estos hechos. Que la sociedad en su conjunto diga: jamás vamos a permitir que se vuelva a cometer lo que pasó.
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Jo-Marie Burt, representante de WOLA

“Documentos desclasificados aportarán mucho al proceso”
-¿Por qué es importante para WOLA estar como observador del juicio a Fujimori?
-WOLA es una institución que desde hace más de 30 años está en el tema de la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. Y el proceso que se está llevando aquí en Perú es un hecho histórico, no solo para el Perú sino para América Latina y para el mundo entero, en la lucha contra la impunidad. Por eso nos interesa seguir estos testimonios, tanto para ver que el juicio se realice de forma imparcial, justa y transparente, como para ver cuáles serán los resultados.

-¿Qué impresión tiene de estas primeras audiencias?
-En términos generales creo que el juicio se está llevando a cabo con profesionalismo. Con buen sentido, el juez está tratando de que no se politice mucho, que es un problema que se puede ir dando. Ha demostrado un criterio amplio permitiendo a las dos partes entregar listas de testigos, evidencias y criterios. Parece que será un proceso bastante largo.

 -¿Qué piensa de la actitud que adoptó Fujimori en la primera audiencia?
-El acusado Fujimori hace mucho tiempo que ha buscado evadir la justicia. No creo que deba sorprender que quiera politizar el juicio, llevarlo al juicio de la opinión pública. Lo que es importante es que el juez no permita que eso suceda. Hay mucha evidencias contra Fujimori, por algo hemos llegado a este punto.

-En Washington se han desclasificado documentos del Gobierno con información sobre el Perú. ¿De qué manera podrían colaborar con el proceso?
-No he podido estudiar a profundidad esos documentos todavía. Pero en general, en este tipo de procesos esos documentos pueden aportar mucho. Por ejemplo, en Guatemala, los documentos desclasificados fueron importantísimos para esclarecer hechos y responsabilidades. En el caso de Fujimori, lo importante es tratar de esclarecer la cadena de mando. Y tal vez esos documentos puedan aportar en ese sentido. El lunes 10, la parte civil los introdujo como evidencia y el juez los aceptó y, en su momento, vendrá el representante de la institución que ayudó a descalasificarlo para que explique al tribunal su contenido y su significado.

Más información:
www.juicioysancionafujimori.org