A Contracorriente. Juicio a AFF: la recta final
Javier Diez Canseco
El Juicio del Siglo aparenta pasar por una curiosa situación. El siempre alerta y omnipresente Fujimori parece dormirse en la sala. Keiko –la “heredera”– desapareció de la escena y dejó solo al padre querido, priorizando acabar la maestría de una carrera universitaria en el extranjero que pagamos –durante el gobierno del papi– todos los peruanos. Pero el abogado del reo, Nakazaki, está activo. Imposibilitado de negar la existencia del “grupo Colina”, que –ahora está clarísimo– era un destacamento militar formal de la DINTE y el SIE a cargo de Operaciones Especiales de Inteligencia (detención-desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales y torturas), se esfuerza por sacar cartas bajo la manga para invalidar algunos testimonios y pruebas que afectan severamente a su cliente: especialmente las declaraciones hechas por Martin Rivas y Pichilingüe a Umberto Jara, y las de algunos jefes militares que van estableciendo la cadena de mando hasta Fujimori y le dan un control del escenario en las acciones de Colina.
Y es que Martin Rivas y Pichilingüe expusieron a Jara crudamente la estrategia de la guerra sucia cuando se hizo público que sus jefes (Montesinos y los generales) se habían enriquecido –personal e ilegalmente– desde el poder, mientras ellos se habían “quemado como bonzos (o sonsos)” por la causa, habían pasado por un artificial proceso judicial militar, por una aparente prisión y eran entonces perseguidos por las denuncias de la CVR en razón de su pertenencia a Colina y de los crímenes cometidos por órdenes superiores. Nakazaki pretende invalidar los testimonios ante Jara con un simplismo propio de idiotas: como dijeron una cosa ante Jara y otra ante la Corte, entonces ninguna vale. Ninguna debe ser tomada en cuenta por la Corte. ¿Fácil, no? Los vocales no deben evaluar si los testimonios ante Jara son válidos o no, aunque estén filmados y grabados, o si los dichos ante la Corte buscan ocultar responsabilidades de Fujimori y los jefes militares para permitir que sean eximidos de penas y puedan indultarlos o sacarlos de la cárcel en razón del peso político que el fujimorismo mantenga luego del resultado del juicio. Simplemente, deben desechar todos los testimonios y quedarse en blanco, es decir, sostener que no hay pruebas que incriminen a Fujimori, que ahora se humilla pragmáticamente a sí mismo al jugar a ser un “caído del palto”, al que todos sus allegados y asesores “paseaban”.
La estrategia de Nakazaki, además, deberá ahora enfrentar la presencia de varios generales que han responsabilizado –en procesos judiciales en curso– a otros generales: el caso del Jefe de la División de Fuerzas Especiales del EP (DIFE), general Pérez Documet informando a Hermoza Ríos de las acciones de La Cantuta y señalando, además, que este le llamó la atención por no querer instruir al Tnte. Portella para que oculte la realidad ante cualquier investigación. Ahora, como con Martin Rivas, hay que invalidar anteriores declaraciones en otros juicios, previos o paralelos a los de Fujimori. Ello llevaría a que si resultan declaraciones inválidas en el juicio a Fujimori resultarían inválidas también en estos otros. Así podríamos tener un PJ con doble estándar: en un juzgado la declaración de Martin Rivas a Jara sirvió para condenarlo y en la Corte no vale para demostrar la existencia de una política oficial y para identificar una línea de mando que tenía a Fujimori en la cabeza. El problema será más complejo cuando aparezcan en escena Hermoza y, sobre todo, Montesinos. ¿Cuál será ahora el papel de Montesinos: el de cordero dispuesto al sacrificio por su socio o el de ratificar lo sostenido en todos los procesos a los que ha sido sometido, reiterando que las órdenes venían del “chino” y que todo se le informaba? Tremendo dilema, Fujimori sabe bien que su “defensa” pasa porque la Corte acepte que es un “caído del palto”, un ingenuo manipulado a su antojo por otros, un enceguecido “servidor” ajeno a los sucios manejos del poder que se construyó bajo sus tres sucesivos y fraudulentos mandatos y que quedarán como una de las etapas más podridas de la historia política de la Nación. Solo así puede pretender romper la claridad de la cadena de mando, del gobierno y de las FFAA que presidió y que alentó a proceder con sangriento y cruel pragmatismo para lograr sus objetivos y quedar –si no libre– con una pena menor que facilite la otra sala de la Corte Suprema, a la que sin duda apelará.
El proceso entra a una fase decisiva, comprobados múltiples indicios de la cadena de mando que encabezó Fujimori y del efectivo dominio de la escena que tuvo ante los diferentes elementos de su gobierno comprometidos con las barbaridades cometidas. Una sentencia firme y bien fundamentada dará un mensaje al país y colocará los raseros fundamentales a la Sala de Apelaciones. Estemos atentos.
