Juicio y Sanción a Fujimori

Gloria Cano, abogada de APRODEH

El fallo que acaba de emitir la Primera Sala Anticorrupción contra tres integrantes del destacamento Colina y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional por el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, constituye no solo una sentencia histórica como ya lo han destacado diversos expertos, sino que marca el horizonte por el que se encaminarán los otros procesos en curso, también por los hechos de La Cantuta y, en general, la lucha contra la impunidad por la violación de derechos humanos fundamentales que se ha pretendido instaurar en nuestro país.

La irreductible voluntad de los familiares, que tuvieron que vencer todo tipo de trabas y artificios durante más de quince años, se ha visto de alguna manera recompensada con esta sentencia, que constituye al mismo tiempo un logro muy significativo para la Asociación Pro Derechos Humanos, que desde su Área Legal, ha tenido a su cargo este caso. Nunca antes la justicia ordinaria había impuesto la máxima pena por violación de derechos humanos -35 años- a un agente del Estado, en este caso a quien fuera jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, General Julio Salazar Monroe. En este histórico fallo se establece que el destacamento Colina se conformó al interior del Ejército peruano, destacando a personal del Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE, e  instalándolos en el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, en el ambiente denominado “El Galpón”.

A dicho destacamento se le dotó de armamento, vehículos y financiamiento. Al ser parte de una entidad estrictamente jerarquizada, existió una cadena de comando, la misma que ha permitido establecer la responsabilidad no solo de los autores materiales sino del Jefe del SIN, Julio Rolando Salazar Monroe, quien tenía bajo su mando directo al destacamento Colina.  Se ha podido establecer, de igual manera, que los hechos de La Cantuta formaron parte de una política antisubversiva, por la cual se pretendió dar una repuesta militar a la acción terrorista de la calle Tarata.

En este proceso ha quedado desvirtuada la versión que señalaba que un grupo de los autores de este vil atentado se hubieran refugiado, heridos, en la residencia estudiantil. El objetivo de la acción en la universidad era golpear a Sendero Luminoso, a partir de la información que señalaba que las universidades nacionales habían sido infiltradas por dicha agrupación terrorista. Parte de esta verdad ya había sido develada por la DINCOTE quien, en una investigación previa, señaló que no había ninguna vinculación entre las víctimas del caso La Cantuta con el atentado de la calle Tarata.

La sentencia también señala que la actuación encubridora de los tribunales militares respecto del caso La Cantuta ha sido reconocida no solo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también por el Tribunal Constitucional. En tal sentido, la Sala concluyó que los actos del fuero militar constituirían prácticas de encubrimiento que suponen graves violaciones a los derechos humanos y, por tanto, no podrían ampararse en prescripción, amnistía o cosa juzgada. Son estas tal vez las razones que han provocado las airadas reacciones de los defensores del ex dictador, quienes han salido a cuestionar el fallo y a proclamar la nulidad del mismo.

Después de todo son los mismos, que antes negaron la existencia del destacamento Colina, y que ahora, abrumados por las evidencias, pretenden que la gente comulgue con el ya manido argumento: “Fujimori no sabía nada y Martin Rivas actuó por su cuenta”. Lo cierto es que si el juicio a Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, en la sede de la DIROES, ha logrado evidenciar muchas luces respecto de su responsabilidad penal por tales crímenes de lesa humanidad, el reciente fallo de la Primera Sala Anticorrupción corrobora que la lucha contra la impunidad ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

Y que la máxima pena que se le ha impuesto a Julio Salazar Monroe es la antesala de lo que le espera a Martin Rivas, Pichilingüe, Hermoza Ríos, Montesinos y Fujimori.

Rodrigo Montoya Rojas.

(Lima, abril 7,  2008)

Alberto Fujimori está en el banquillo de los acusados y vive el interminable drama de oír  tres veces por semana a quienes lo acusan de ser el responsable mediato de los asesinatos en Barrios Altos y en la universidad de la Cantuta. Miente cuando repite la misma letanía:  “yo no fui, soy inocente, no di orden alguna de matar a nadie, no recuerdo, ya tengo 69 años, en ese tiempo yo no leía periódicos ni la revista Caretas, yo soy responsable de la victoria contra Sendero Luminoso, de la paz y del crecimiento económico del país”. Queda muy poco del arrogante presidente que decía tener todo bajo control, que lucía como un súper policía  y héroe paseando con chaleco antibalas entre los cadáveres de los guerrilleros del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima. Parece que del aparente “estratega” que planificaba y ganaba todas sus batallas no queda  nada, se le ve envejecido, asustado y a veces aterrado de sólo pensar en el fracaso de su defensa y una condena de 30 años.

Su abogado y él siguen el libreto hasta ahora bien aprendido: “yo no fui, soy inocente, no di orden alguna de matar a nadie, no recuerdo, ya tengo 69 años, en ese tiempo yo no leía periódicos ni la revista caretas, no puedo responder, yo soy responsable de la victoria contra Sendero Luminoso, de la paz y del crecimiento económico del país”. Tiene sin duda muchos amigos de gran poder entre los empresarios, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, el poder judicial y los partidos políticos. 

Cuando salió de Japón rumbo a Chile, esperaba que sus amigos chilenos le permitirían quedarse libre unos días en Santiago y aprovechar de ese apoyo para cruzar la frontera peruana, emprendiendo  una larga marcha hasta Lima. Soñaba  que una caravana formada por miles de sus seguidores y clientes lo protegería  y llegaría a Lima como los comandantes y comandantas zapatistas que en 2001 recorrieron parte del territorio mexicano y llegaron al distrito federal sin que el ejército y los jueces  pudiesen impedirlo. El ciudadano peruano y japonés alucinaba que las multitudes lo llevarían nuevamente a la presidencia y de ese modo concluiría su pesadilla. El gran “estratega” se estrelló con la realidad. Tuvo que estar preso más de un año, en mansiones de lujo, esperando que la justicia chilena rechazase el pedido peruano de extradición. Entre tanto, ideó un plan B. Quiso volver victorioso a Japón, elegido senador  en una lista de la extrema derecha prometiendo, como ciudadano japonés, “consagrar su vida” a favor de su viejo y nuevo país.

Perdió rotundamente en las elecciones. Esa nueva y ridícula aventura política no lo salvó de la extradición. Le tocó recibir un golpe más duro, hasta ese momento: la Corte Suprema chilena ordenó su extradición a Lima con un poderoso argumento: los indicios son suficientes para acusarlo de responsabilidad mediata en crímenes de lesa humanidad. Regresó a Lima en un avión, preso.

Sin numerosas pastillas no podría hacerle frente a su situación.   No se encontrará un documento con la firma del ciudadano japonés ordenando matar, pero los indicios y evidencias de su responsabilidad se multiplican. En las primeras cuarenta sesiones de su largo juicio han desfilado muchos de los militares.  Ya no es posible negar la existencia del comando Colina. Lo aceptan el propio Fujimori y su abogado. Ahora se trata de seguir mintiendo con el cinismo más grande del mundo para hacernos creer que Fujimori, el general Nicolás De Bari Hermosa, el ex capitán Vladimiro Montesinos y otros oficiales superiores, no sabían nada de los crímenes que un comando del ejército cometía con toda impunidad.          

Martín Rivas, mayor retirado del ejército peruano, jefe del ¨destacamento Colina¨  que asesinó del modo más salvaje imaginable a quince personas, entre ellos un niño de ocho años en Barrios Altos y a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad de Educación La Cantuta, y a otra decenas de personas más en otros crímenes debidamente registrados y probados, declaró  al periodista Umberto Jara: “… se requiere de la orden presidencial, porque una guerra clandestina tiene un costo político y el gobernante debe estar dispuesto a asumirlo con tal de ganar la guerra contra el terrorismo. Si los militares actuásemos por nuestra cuenta, apenas se presentan los reclamos por los actos de esa guerra clandestina, el presidente de la República ordenaría nuestra baja y encarcelamiento. ¿Por qué Fujimori no hizo eso?”.La cuestión de fondo es muy sencilla: Fujimori era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

No requerimos de astucia alguna para saber que ningún capitán sería capaz de organizar por su cuenta  un pelotón clandestino para asesinar a los adversarios políticos del jefe supremo de las fuerzas armadas. Rivas y sus hombres tuvieron el apoyo debido de  su ejército en armas, municiones, dinero, disponibilidad de vehículos, salarios especiales, ascensos, puestos fuera del país con salarios internacionales, en algunos casos con identidades cambiadas, compensaciones de decenas de miles de dólares por aceptar una prisión temporal que sería seguida de una amnistía acordada por el presidente Fujimori y el Congreso de la República.  De dos cosas una: aceptamos que Fujimori y los jefes es de las fuerzas armadas eran unos angelicales ingenuos que no sabían nada de lo que pasaba en su ejército y que el responsable de todo era un simple capitán, o el ex presidente del Perú y sus grandes jefes mienten para evadir sus responsabilidades. Si mienten y culpan a Martín Rivas y otros oficiales y suboficiales, lo menos que puede decirse de ellos es que actúan con cobardía.  

Al llegar a este punto, el razonamiento que sigo  toca otro problema de fondo, demasiado grave y al mismo tiempo frágil como una copa de cristal: si las fuerzas armadas peruanas tienen jefes como ellos ¿qué se puede esperar? Ya sabemos que se enseña con el ejemplo y que las palabras y los discursos sirven para muy poco. ¿Qué ejemplo dan a sus oficiales y soldados cuando el jefe supremo y sus generales se esconden entre los pantalones de sus capitanes? La respuesta podría ser muy simple: “en situaciones parecidas, escóndanse como nosotros”. Si así fuera, la pregunta inevitable sería ¿qué hicimos las peruanas y peruanos para merecer jefes militares como ésos?

El mayor Rivas en su declaración dijo que no dijo lo que dijo, que él no recibió orden alguna de su jefe supremo y sus generales, que no sabe nada y se ampara en su derecho de callar. Volvemos  a lo mismo de siempre porque la cobardía de los jefes no es una historia que comienza con Fujimori, Hermosa Ríos y Rivas. Es un viejo dato de la historia peruana desde hace muchos siglos.  Detrás de todos estos episodios se esconde un principio de lealtad y un reconocimiento secreto de algunos supuestos héroes en las fuerzas armadas.

El mayor Rivas está convencido de su lealtad al ejército, cree que ha cumplido un patriótico deber con el país. Esa lealtad es considerada como una secreta virtud digna de admiración a pesar de los asesinatos. Lo mismo ocurre con Agustín Mantilla, ex secretario general del partido aprista peruano, secretario privado del presidente Alan García en su primer gobierno, 1985-1990, y jefe del comando “Rodrigo Franco”, cuya existencia ha sido aceptada por el propio Fujimori.  

Ese personaje fue actor estrella en uno de los centenares de videos de la época fujimorista en el que aparece recibiendo un paquete de miles de dólares de manos de Vladimiro Montesinos. Luego, se detectó y probó que Agustín Mansilla tuvo una cuenta de varios millones  de dólares en un banco del extranjero. No soltó prenda alguna sobre el origen y uso de ese dinero. Cargó con la responsabilidad personal, fue condenado a algunos años de cárcel y el Apra, su partido, lo expulsó para salvar las apariencias. Ya libre en calles de Lima  se considera un ejemplo de militante aprista, sacrificado en bien de su partido. Cuentan que su prestigio interno es muy grande !Qué país el nuestro!  Lo avanzado en el juicio hasta hoy, es suficiente para saber que la montaña de indicios y evidencias contra Fujimori, Hermosa Ríos y Montesinos, es inmensa.

Si los jueces peruanos toman en cuenta los argumentos de la Corte Suprema chilena y suman los centenares de testimonios en contra - ya conocidos y nuevos- deberían confirmar los 30 años de cárcel que pide la fiscalía. Si aceptan el argumento de la defensa –“no hay una orden escrita firmada por Fujimori”-  podrían absolverlo. El desafío histórico para ellos es muy grande. Fujimori no está vencido aún y espera seguramente recibir el apoyo de sus poderosos aliados para evitar su última derrota.    Si el pueblo peruano tuviese la oportunidad de seguir el juicio por la televisión y radio nacionales, nuestra conciencia cívica se multiplicaría, lo mismo que nuestra decisión de no volver a permitir que una historia como la de los asesinos del “Comando Colina” se repita. El presidente Alan García tendrá sus buenos motivos para evitar que el juicio al Sr. Fujimori sea visto y oído a través del Canal  7 y la estación de Radio Nacional.   

 Javier Diez Canseco

La semana pasada “cayó” Sosa Saavedra, el último de los elementos operativos prófugos del Destacamento Colina, estructura de inteligencia del Ejército encargada de “operaciones especiales” durante el gobierno de Fujimori. Lo “capturaron” caminando –despreocupadamente– por la calle, a cara descubierta, en las inmediaciones del domicilio de un familiar. Antes de “caer”, Sosa había reaparecido en titulares de medios de prensa.

Por voluntad propia se había hecho notorio, vendiendo sus versiones y primicias para reafirmar el ya probado involucramiento de Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, Juan Rivero Lazo (jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército), Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos con el destacamento Colina. ¿Casualidad, ingenuidad, estupidez? La actitud resultaría increíble en alguien experimentado en trabajo clandestino y a quien, además, no le faltaban recursos porque el gobierno y las FFAA le seguían depositando sus haberes del Ejército en una cuenta bancaria, a pesar de ser un criminal prófugo.

Al ser detenido dramatizó el asunto con un “me jodí” ante sus familiares, pero, lo más saltante es que –en cada contacto que pudo tener con periodistas que cubrían la noticia– se ocupaba de gritar que Montesinos y Hermoza sabían del accionar del destacamento Colina, pero que Fujimori no sabía. Él, un suboficial y elemento operativo que no intervenía en los espacios centrales de decisión y planeamiento ni era enlace entre la cadena de mando de la Dinte, el SIE y el EP con el gobierno, sabía hasta dónde llegaba el involucramiento en las altas esferas del fujimorismo gobernante. ¡Impresionante!

“Kerosene”, chapa que recibió por su hábito de quemar los cadáveres de sus víctimas para tratar de imposibilitar su identificación, no es un ingenuo ni un tonto. Su prontuario parece implicar no menos de 50 muertes, a sangre fría –fuera de combate o enfrentamiento– e innumerables casos de tortura en la Casa Rosada u otros locales de “inteligencia” en los que operó. ¿Por qué “Kerosene” se quema a sí mismo? ¿Un súbito ataque de principios y de afán de que se abra paso la verdad? Nada más lejano de aquello.

La operación es claramente política. El quemacadáveres sabe perfectamente que este martes se emite sentencia sobre el destacamento Colina, en el primer juicio que tienen abierto. Si los que han sido reconocidos como “colaboradores eficaces” con la justicia por haber aportado versiones y datos que evidencian las estructuras y cadenas de mando han recibido 15 años, ¿cuánto recibirán los otros?, ¿25? ¿30?, ¿35? Sería lo lógico. Y, claro, ello incidirá en el juicio a Fujimori porque varios han testimoniado en su juicio buscando limpiarse de responsabilidades y de conocimiento, y buscando exculpar al dictador. Una sentencia mostrará su verdadero rostro. Entonces la estrategia de la banda debe ser la de buscar librar al jefe, al líder, al caudillo: a Fujimori.

No se trata de que Sosa esté especialmente agradecido por los ascensos y felicitaciones promovidas por Fujimori ante los altos mandos del Ejército. No se trata de que esté pagando sus sobresueldos y viáticos, o la protección recibida entonces. Tampoco le serviría acudir al “yo cumplía órdenes”. Su mejor carta y la de los demás miembros del destacamento Colina es proteger a Fujimori y buscar que salga lo mejor librado posible del juicio. ¿Por qué? Pues porque ello les garantiza contar con una plataforma política que haga más llevadera su condena y que pueda, en su momento, aludir a la “reconciliación nacional” para reducir condenas, tener mejores condiciones de carcelería, incidir en liberaciones adelantadas, o –¿por qué no?– en algún indulto o amnistía por supremas “razones de Estado”.

Solos nada pueden. Con Fujimori y su clan sobreviviendo pueden tener alguna esperanza y una palanca política. Y, pensando en las elecciones del 2010 y 2011, pues un bloque de las derechas –como el que hoy gobierna el país bajo el liderazgo de Alan García– necesitado del fujimorismo y de las relaciones con ciertos mandos militares comprometidos en violaciones de DDHH y en altos cargos, resulta un escenario que les brinda mejores posibilidades que cualquier otro. De allí la burda y desesperada grita de ‘Kerosene’, postulando a ser testigo estrella de la defensa de Fujimori, de “Fujimori no sabía nada”.

Nada es gratis en el mundo de las mafias y el crimen. Sosa buscará incidir con la misma monserga en el juicio, cuando sabemos que ya lo suyo no tiene nada nuevo que aportar. El célebre Nakazaki lo sabe bien y sabe mover sus fichas para incidir en el juicio.

Javier Diez Canseco

El Juicio del Siglo aparenta pasar por una curiosa situación. El siempre alerta y omnipresente Fujimori parece dormirse en la sala. Keiko –la “heredera”– desapareció de la escena y dejó solo al padre querido, priorizando acabar la maestría de una carrera universitaria en el extranjero que pagamos –durante el gobierno del papi– todos los peruanos. Pero el abogado del reo, Nakazaki, está activo. Imposibilitado de negar la existencia del “grupo Colina”, que –ahora está clarísimo– era un destacamento militar formal de la DINTE y el SIE a cargo de Operaciones Especiales de Inteligencia (detención-desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales y torturas), se esfuerza por sacar cartas bajo la manga para invalidar algunos testimonios y pruebas que afectan severamente a su cliente: especialmente las declaraciones hechas por Martin Rivas y Pichilingüe a Umberto Jara, y las de algunos jefes militares que van estableciendo la cadena de mando hasta Fujimori y le dan un control del escenario en las acciones de Colina.

Y es que Martin Rivas y Pichilingüe expusieron a Jara crudamente la estrategia de la guerra sucia cuando se hizo público que sus jefes (Montesinos y los generales) se habían enriquecido –personal e ilegalmente– desde el poder, mientras ellos se habían “quemado como bonzos (o sonsos)” por la causa, habían pasado por un artificial proceso judicial militar, por una aparente prisión y eran entonces perseguidos por las denuncias de la CVR en razón de su pertenencia a Colina y de los crímenes cometidos por órdenes superiores. Nakazaki pretende invalidar los testimonios ante Jara con un simplismo propio de idiotas: como dijeron una cosa ante Jara y otra ante la Corte, entonces ninguna vale. Ninguna debe ser tomada en cuenta por la Corte. ¿Fácil, no? Los vocales no deben evaluar si los testimonios ante Jara son válidos o no, aunque estén filmados y grabados, o si los dichos ante la Corte buscan ocultar responsabilidades de Fujimori y los jefes militares para permitir que sean eximidos de penas y puedan indultarlos o sacarlos de la cárcel en razón del peso político que el fujimorismo mantenga luego del resultado del juicio. Simplemente, deben desechar todos los testimonios y quedarse en blanco, es decir, sostener que no hay pruebas que incriminen a Fujimori, que ahora se humilla pragmáticamente a sí mismo al jugar a ser un “caído del palto”, al que todos sus allegados y asesores “paseaban”.

La estrategia de Nakazaki, además, deberá ahora enfrentar la presencia de varios generales que han responsabilizado –en procesos judiciales en curso– a otros generales: el caso del Jefe de la División de Fuerzas Especiales del EP (DIFE), general Pérez Documet informando a Hermoza Ríos de las acciones de La Cantuta y señalando, además, que este le llamó la atención por no querer instruir al Tnte. Portella para que oculte la realidad ante cualquier investigación. Ahora, como con Martin Rivas, hay que invalidar anteriores declaraciones en otros juicios, previos o paralelos a los de Fujimori. Ello llevaría a que si resultan declaraciones inválidas en el juicio a Fujimori resultarían inválidas también en estos otros. Así podríamos tener un PJ con doble estándar: en un juzgado la declaración de Martin Rivas a Jara sirvió para condenarlo y en la Corte no vale para demostrar la existencia de una política oficial y para identificar una línea de mando que tenía a Fujimori en la cabeza. El problema será más complejo cuando aparezcan en escena Hermoza y, sobre todo, Montesinos. ¿Cuál será ahora el papel de Montesinos: el de cordero dispuesto al sacrificio por su socio o el de ratificar lo sostenido en todos los procesos a los que ha sido sometido, reiterando que las órdenes venían del “chino” y que todo se le informaba? Tremendo dilema, Fujimori sabe bien que su “defensa” pasa porque la Corte acepte que es un “caído del palto”, un ingenuo manipulado a su antojo por otros, un enceguecido “servidor” ajeno a los sucios manejos del poder que se construyó bajo sus tres sucesivos y fraudulentos mandatos y que quedarán como una de las etapas más podridas de la historia política de la Nación. Solo así puede pretender romper la claridad de la cadena de mando, del gobierno y de las FFAA que presidió y que alentó a proceder con sangriento y cruel pragmatismo para lograr sus objetivos y quedar –si no libre– con una pena menor que facilite la otra sala de la Corte Suprema, a la que sin duda apelará.

El proceso entra a una fase decisiva, comprobados múltiples indicios de la cadena de mando que encabezó Fujimori y del efectivo dominio de la escena que tuvo ante los diferentes elementos de su gobierno comprometidos con las barbaridades cometidas. Una sentencia firme y bien fundamentada dará un mensaje al país y colocará los raseros fundamentales a la Sala de Apelaciones. Estemos atentos.

La República, 25-03-08
Ángel Páez.

La defensa de Alberto Fujimori debería preocuparse por el resultado de la presentación del general EP (r) Juan Rivero Lazo. El ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), creyó que apelar a la amnesia surtiría efecto, pero se equivocó. No contó con la habilidad escrutadora del fiscal supremo Avelino Guillén, que lo dejó en calzoncillos. Una cosa es verlo actuar por televisión y otra en la misma sala de audiencia, donde ayer estuvimos. Rivero Lazo es una pieza clave de la conexión entre los criminales de “Colina” y el alto mando del Ejército, que actuaba con pleno conocimiento de Fujimori.

Rivero Lazo aceptó que autorizó la entrega de pistolas ametralladoras HK al “grupo especial” que dirigía Santiago Martin Rivas, armas que fueron utilizadas en la matanza de Barrios Altos, el 4 de noviembre de 1991. También reconoció que después de la masacre, a fines de ese mismo año, le puso una nota sobresaliente de 95 puntos al comandante Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, quien era el responsable del grupo “Colina” ante la Dinte. Además, Rivero Lazo aceptó ante el tribunal que aprobó el ascenso de Rodríguez tomando en cuenta la recomendación que hizo el presidente Fujimori por la participación del oficial en “operaciones especiales de inteligencia”.

Gracias a Rivero Lazo quedó más claro el vínculo entre los asesinos de “Colina” y Fujimori. Por eso ayer el ex presidente prefirió dejarse llevar por Morfeo.
 
 
 

Perú 21, 17-03-08
Alfonso Grados

¿Qué lección nos deja el proceso al extraditado Alberto Fujimori y los argumentos que esgrime su defensa? El autor esboza un interesante panorama.

El inesperado quiebre del estereotipo de compostura -que se les instaura como imagen de carácter militar- apenas iniciada la postergada comparecencia del hoy mayor Velarde como testigo ante el tribunal que juzga al ex presidente Fujimori, seguramente es el episodio más vívido del abismo que existe entre la funambulesca realidad que el compuesto abogado César Nakazaki se ha propuesto lograr que creamos y la verdadera consistencia mafiosa con que la “Troika” prostituyó el espíritu y la acción de la institucionalidad castrense.

No fue una muestra de debilidad ese medio sollozo que se esforzó el austero oficial por sofocar de inmediato. Ni de vergüenza admisoria de la complicidad de que se le acusa en otro tribunal por el secuestro y asesinato del las inermes víctimas de La Cantuta.

Fue la ira y la impotencia con que desde el 16 de julio de 1992 hasta hoy el entonces teniente Velarde ha visto hacerse añicos la ilusión con que abrazó la carrera militar, escarnecidos sus símbolos por el perverso sistema que ante el mismo tribunal el coronel Cléber Pino, ex director nacional de la INTE, en ese tiempo, calificó como “los días más tristes del Ejército; se descabezaban las líneas de promoción”. Y agregó: “La fuente del poder: El asesor del presidente” (un largo silencio en la sala).

Y así, la presencia hasta entonces fantasmal en este proceso de Vladimiro Montesinos apareció para que el “impoluto” Fujimori adquiriera su real consistencia. Aquella en la que Hermoza Ríos y Montesinos (el “mariscal” sin victorias y el “doctor” sin lealtades) encarnan al Fujimori hecho “Troika” sin disfraces, ni tapujos.

Las recientes semanas, al focalizar al ‘Grupo Colina’ en su contexto integral, a través de los sucesos y comportamientos de los asesinatos de La Cantuta, han desmenuzado el fantasioso imaginario político militar en que el Dr. Nakazaki ha pretendido, con su mejor ingenio elucubrador, consagrar no solo la impunidad del ex presidente (o la “duda razonable” en el “criterio de conciencia”), sino -seguramente sin proponérselo- que ella quedase como una mancha indeleble en los fastos castrenses del país.

Como en las tragedias griegas, el acto final de La Cantuta pone en escena el transcurso inexorable de protagonistas y víctimas, del ejercicio omnímodo de la lujuria del poder, del envilecimiento de la institucionalidad endeble a la complicidad, la sumisión o hasta el encallanamiento.

El Fujimori-Troika pareciera haberse propuesto ese designio desde que eligió al desacreditado Montesinos como su consejero en los días aurorales de su gobierno, en su residencia del Círculo Militar. Lo hizo su orientador de confianza para sus relaciones con el poder militar. El propio Fujimori, declarando como reo ante el tribunal que hoy lo juzga, señaló por propia iniciativa que Montesinos le presentó al general Hermoza Ríos como opción preferente. De allí en adelante la Comandancia General del Ejército era una prenda de fidelidad, tanto por el poder abierto a su ambición (por algo lo recomendaba el “doctor”, ya liberado del infamante apelativo de “traidor”) como por el ojo vigilante sobre la conducta de todas las Fuerzas Armadas que desde la partida confirió a Montesinos, convertido en el absoluto patrón del SIN, encubierto tras un general encantado de ser apenas un mascarón complaciente.

Así, escalón tras escalón, por debajo de las jerarquías prefabricadas como producto del descabezamiento señalado más arriba por el coronel Pino. Es decir, el Ejército con sus comandos en pleno, convocados ante el SIN, teniendo como intermediario y garante el “doctor” del juramento escrito al Supremo Jefe Fujimori.

Esto no necesita el doctor Nakazaki exhibirlo en el tribunal como prueba del respetuoso cumplimiento de los manuales a los que tanto acude para tratar de que nada llegue al Olimpo de su presidente impoluto. Sería la mejor evidencia de para qué sirve la entelequia de sus directivas y manuales, cuando lo que impera es la descarnada realidad que los hace letra muerta.

Poder corruptor en ese acto final de la tragedia griega se anticipa en La Cantuta, como si ya vislumbrara la debacle jurídica que representan para aquel sistema que hoy sigan en prisión prácticamente todas las jerarquías castrenses más altas que ejercieron los ministerios de Guerra, Marina, Aviación y de la Policía Nacional, por haber dispuesto fraudulentas partidas de gastos en sus respectivas carteras para los cheques mensuales con que abastecían las clandestinas cajas millonarias con que Montesinos, en nombre suyo (y ¿alguien duda hoy también de Fujimori?) ejercía el chantaje y el soborno desde su oficina del SIN convertida en videoteca. ¿A qué reglamento le había dispuesto Fujimori que esas cosas no deberían ocurrir? ¿Nunca se enteró?

En los coros del acto final de aquella simbólica tragedia de La Cantuta se presagiaba también el envilecimiento del Poder Judicial por Montesinos (la videoteca se ha regodeado en consignarlo). En cuanto al Poder Legislativo basta leer el Diario de Debates, en que la obsecuencia parlamentaria se muestra sin pudores la conducta colectiva de la mayoría complaciente, aunque haga brillar por contraste la dignidad de los parlamentarios que no cejaron en denunciar el verdadero estado purulento del país.

Terminemos aquí como un simple adelanto de lo que podrá ser verificado y comentado tras los testimonios de la próxima semana del teniente sobre la catadura del siempre tan impávido general Pérez Documet, y del periodista Umberto Jara sobre la verdadera faz de Santiago Martin Rivas.

Como colofón basta, por hoy, recordar el testimonio del comandante Carlos Miranda, cuando enterado por el teniente Portella del hecho consumado de los secuestros y asesinatos de La Cantuta, al acudir conturbado para denunciarlos ante su jefe, el general Pérez Documet, este le respondió: “Carajo, ¿por qué te preocupas?, que se preocupen el comandante general y Rodríguez Córdova”.

¿De qué quedan dudas sobre la creación, asignación, de fines y oficialización y recursos al grupo Colina y prueba plena del conocimiento y encubrimiento de sus crímenes? ¿Qué dirá ahora Pérez Documet? ¿Hermoza no tenía idea? ¿Montesinos le ocultaba a Fujimori? ¿Qué cree Ud.?

(*) Fantasmagorías: Arte de representar fantasmas por medio de una ilusión óptica.

**Periodista

La República
03-02-08

Hay evidencias de que Fujimori conocía las acciones que cometió el grupo Colina Explicó que la impunidad al actuar, los ascensos y las leyes de amnistía prueban la responsabilidad de ex presidente.

María Elena Castillo.

Existen evidencias suficientes que prueban que Fujimori tenía pleno conocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas por los integrantes del grupo Colina, aseguró el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Carlos Ayala Corao, quien el viernes pasado asistió al proceso judicial que se sigue al ex mandatario en las instalaciones de la DIROES, como observador internacional del proceso.

“Me da la impresión de que la justicia actúa seriamente en el proceso que se sigue para hallar la responsabilidad penal individual. Y se irá aclarando el grado de participación de Fujimori. Lo que sí es imposible es que todo ocurriera sin el conocimiento del comandante en jefe del Ejército (que era Fujimori), quien era el que de alguna manera tenía que aprobar estos hechos”, dijo en entrevista a La República pocas horas antes de dejar el país.

VARIAS EVIDENCIAS

Ayala precisó que existen varias evidencias que prueban su responsabilidad, como las facilidades que los miembros del grupo Colina tuvieron para actuar, los ascensos a los militares implicados y la impunidad que les garantizó las leyes de amnistía, entre otros hechos.

“O sea, que evidentemente hay un grado de responsabilidad penal de Fujimori y el juzgado deberá evidenciar cuál es ese grado, en un proceso que debe contar con todas las garantías procesales”, insistió.

Sostuvo que si no hubiera sido así, los miembros del grupo Colina habrían sido severamente sancionados cuando se conocieron de sus primeros crímenes y de los cuales informó la prensa independiente, más aun porque se vivía en una época en que era evidente que todos los poderes del Estado estaban controlados. “Pero solo hubo una primera sanción, pero luego se les liberó”.

Carlos Ayala recordó también que el 1998 cuando la CIDH realizó una visita “in loco” al Perú, comprobaron que el Ejecutivo controlaba todos los poderes del Estado, con lo cual podría haber sancionado en forma efectiva a los miembros del grupo Colina pero no lo hizo.

Por otro lado, Ayala dijo que el proceso judicial se está llevando con las garantías procesales necesarias. “He podido observar que es un juicio público, que asisten los familiares y que el tribunal está actuando con imparcialidad e independencia”.

ES UN JUICIO HISTÓRICO

El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Carlos Ayala señaló que el juicio que se está siguiendo para determinar la responsabilidad del ex presidente peruano Alberto Fujimori, en delitos de lesa humanidad, es un hecho histórico para el Perú y el mundo entero.

Dijo también que no es común que se haya logrado procesar a un jefe de Estado después de tantos años de lucha. Reconoció el importante papel que han tenido los familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, los organismos de derechos humanos, acusados de defender a terroristas, y la justicia internacional.

“Este juicio es un ejemplo de que los gobernantes que abusan del poder y creen estar por encima de las leyes y la Constitución, al final tendrán que pagar por sus acciones. Es una muestra de que la justicia tarda pero llega”, indicó.

La Primera, 28-01-08

 Por “acumulación de indicios” será condenado ex dictador Fujimori. Abogada Gloria Cano está convencida de autoría mediata. Recibirá 30 años de todas maneras

Gloria Cano: “Fujimori construyó un aparato de poder que aprobó eliminaciones”.

A pesar de que aún falta la participación de varios testigos, visualizar videos y hay bastante documentación por presentar, en lo que va del juicio contra el ex dictador Alberto Fujimori ya se han exhibido elementos suficientes como para condenarlo a treinta años de cárcel, por el delito de omisión. Así lo indicó Gloria Cano, abogada de los deudos del caso La Cantuta.

“Está quedando comprobado que Fujimori conocía de la estrategia antisubversiva que se aplicó durante su gobierno, también sabía de la creación y el accionar del Grupo Colina. Esto califica como omisión, por no impedir las violaciones de derechos humanos”, apuntó la abogada, quien además mostró su confianza en que es posible condenar a Fujimori por la autoría mediata de los crímenes, es decir, que él nunca ejecutó pero sí ordenó matar, por lo que también recibiría treinta años.

En diálogo con LA PRIMERA, Gloria Cano dijo que el ex dictador es responsable de haber aprobado una política de eliminaciones y construido un “aparato de poder” conformado por los poderes del Estado, además del Ministerio Público. Sólo faltarían los testimonios de los demás integrantes del Grupo Colina, otros militares y Vladimiro Montesinos.

Asimismo, Gloria Cano dijo que, en el hipotético caso de que Martín Rivas y Vladimiro Montesinos se incriminen y revelen que fueron ellos quienes daban las órdenes de exterminio en el Grupo Colina, Alberto Fujimori tampoco se libraría de recibir una fuerte condena.

 ¿Sólo con indicios? En tribunales internacionales, para que la impunidad no gane algunos casos, los jueces condenan tomando como referencia la “acumulación de indicios”. En el caso del ex dictador Fujimori también podría ser sentenciado bajo esta figura judicial, estimó Gloria Cano.

DATO

La abogada Gloria Cano dijo que es algo irregular que al final de cada audiencia, el vocal César San Martín le brinde el uso de la palabra al ex dictador Fujimori. Pues eso “no es algo usual en procesos penales”.

Cuando el juicio a Alberto Fujimori entra en una etapa crítica, el alto mando fujimorista emprende dos maniobras encadenadas, buscando consolidar a Keiko Fujimori como la gran alternativa de la familia imperial.

La primera es el anunciado viaje de Keiko a los Estados Unidos, “para terminar sus estudios”. Por supuesto que es laudable su intención de culminar su formación. Pero no puede dejar de llamar la atención que, luego de permanecer en primera línea en pleno embarazo y durante esos difíciles primeros meses como madre, decida alejarse del país por seis meses, justo cuando están por desarrollarse las diligencias más importantes del juicio de su padre. Precisamente allí reside una clave para entender esta decisión. Se trata de mantenerla apartada del inevitable desgaste que va a significar la confrontación de Fujimori con sus principales socios y coacusados: Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza. Hasta aquí, Keiko ha desempeñado el papel de vocera de la familia con éxito, pero lo que se viene puede quemar a cualquiera.

Alberto Fujimori ha cargado varias de las responsabilidades penales que le tocan sobre los hombros de sus colaboradores, especialmente sobre los generales Víctor Malca y Nicolás de Bari Hermoza. Mientras Malca continúe prófugo, él no debe ser motivo de preocupación. Pero con Hermoza la cosa es distinta: está por ver si el “general victorioso” decide cargar altruistamente con culpas ajenas, o si pone las cosas en su sitio, para salvaguardar su propia causa. Es igualmente incierto el panorama con relación a Montesinos, que tenía derecho a guardar silencio en los juicios en los cuales participaba como acusado, pero como testigo está obligado a contestar los interrogatorios. Con estos antecedentes, parece una buena idea no exponer a Keiko a semejante prueba.

Esta maniobra se complementaba con la de emprender la recolección de firmas, para crear, por enésima vez, una nueva  organización fujimorista. Esta tarea debería permitir movilizar a sus seguidores, mantener la imagen de Keiko, mientras estuviera fuera, y dar una demostración de fuerza que permitiera contrarrestar un panorama crecientemente adverso.

Pero he aquí que Keiko no ha partido aún y Kenji Fujimori ya ha brindado un adelanto de lo que se viene: al anunciar ‘urbi et orbi’ que el millón de firmas que quieren recolectar es “el pasaporte a la libertad de Alberto Fujimori” ha malogrado la trama, y es dudoso que la invocación de Keiko a que no le hagan caso arregle el desa-guisado. Kenji ha cometido una falla imperdonable en un líder fujimorista: ha dicho la verdad.

¿Podrá Keiko concentrarse un semestre en sus estudios?
¿Ustedes qué creen?

Analista Carlos Reyna sostiene que balance de juicio es positivo

En opinión del reconocido analista político Carlos Reyna, a poco más de un mes de iniciado el megajuicio al ex dictador Alberto Kenya Fujimori por los asesinatos cometidos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, el balance es a todas luces positivo para el país. La democracia y la lucha contra la impunidad, y las evidencias y testimonios van dejando cada vez más sin argumentos a la defensa y al inculpado. Por ello, sostiene, el fujimorismo ha tenido que echar mano de un recurso político, como es el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para formar un nuevo partido, lo que constituye un nuevo mecanismo de presión sobre los magistrados que vienen juzgando a Fujimori. Sin embargo, sus estrategias son cada vez más burdas que carecerán de apoyo en la población y en la opinión pública, remarcó en diálogo con Aprodeh.  “El balance es positivo pues, en primer lugar, se ha hecho realidad llevar al banquillo de los acusados a un presidente responsable de uno de los peores regímenes en materia de violación a los derechos humanos y corrupción; es también de una gran trascendencia como mecanismo de disuasión para gobernantes que tendrán que pensar mucho antes de incurrir en estos actos, y el principio de que todo aquel que ha delinquido tiene que ser sancionado se ha fortalecido”, agregó. 

Firmas no son para el 2011 

Vendrán nuevos elementos contra Fujimori 

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